José Barba Caballero: ¿Negacionismo? Sí pero no

¿Negacionismo? Sí pero no

Hay casi unanimidad contra el proyecto de ley del Ejecutivo que sanciona con pena de cárcel a quienes minimicen, justifiquen o nieguen los delitos de organizaciones subversivas. Es extraño, pero aun los pensamientos políticos más disímiles coinciden en señalar que el proyecto es inconstitucional, autoritario y un atentado contra las libertades individuales. Veamos.
 
Desde un punto de vista filosófico, es un lugar común el decir que la tendencia de la idea, buena o mala, es realizarse en hechos, y la historia demuestra que es vano intentar contenerla, silenciarla o imponerle obediencia, pues ella se burla de todos los obstáculos, y si se le contiene por un tiempo con fórmulas de tipo policial, tarde o temprano renacerá más fuerte por el misterio que rodea a todo lo prohibido. Una larga y dolorosa experiencia ha demostrado a todas las sociedades de la tierra que a una idea se debe oponer otra idea, que a un principio otro principio, y que esto, a la larga, es mucho más eficaz que la censura, la confiscación y la cárcel. Por estas razones, quienes fuimos constituyentes, presentamos batalla para que quede establecido que la enunciación de ideas, por funestas o extremas que sean, no constituye por sí un delito castigado por nuestras leyes. Todo lo contrario, es un derecho perfecto y natural, reconocido por la Constitución como inherente a todo ser libre.
 
Pero hay una excepción, que en su momento fue señalada por los teóricos de la democracia alemana, y es la siguiente: "Una constitución democrática solo debe excluir un tipo de modificaciones a la libertad de expresión y al sistema legal, a saber, aquel que pondría en peligro su carácter democrático. En una democracia, la plena protección a las minorías no debe extenderse a aquellos que violan la ley y, especialmente, a los que incitan a otros a derribar violentamente el régimen democrático". Efectivamente, sin esta línea de defensa, que opta por la preservación de la democracia por encima de toda otra consideración, las tendencias antidemocráticas siempre latentes en toda sociedad pueden originar la caída de la democracia y la destrucción de todos nuestros derechos. Desde esta perspectiva, la propuesta del Ejecutivo es absolutamente pertinente y de ninguna manera puede ser calificada de autoritaria. El problema está en los procuradores, fiscales y jueces que tenemos. Con esta arma en sus manos, cualquiera podría terminar preso. Mientras no tengamos un sistema legal seguro, confiable y verdaderamente independiente del poder político, mejor es guardar este proyecto en la congeladora.
 
Fuente: Correo (Perú)

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