Imagen tomada del diario Correo (click para ampliar)Hay muchos culpables en esta situación, y el principal y el primero es –sin duda alguna– el ex presidente Alejandro Toledo. ¿Podrá evitar El Comercio que su candidato pierda algunos puntos por este escándalo?
El Decreto Legislativo 927 fue creado en el 2003 por el gobierno de Alejandro Toledo, pero fue derogado recién en el 2009, después de que cerca de 500 personas se acogieran a los beneficios de dicho Decreto y consiguieran –en consecuencia –su libertad condicional (entre ellos, Lori Berenson). Sin embargo, uno se pregunta, ¿Por qué demoraron tanto en derogar dicho Decreto?
Algunos podrán decir que dicho Decreto fue creado porque el CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió un fallo en el se que pedía modificar la entonces legislación antiterrorista. No obstante, ¿Por qué cuando se anuló el DL 927 en el año 2009 la CIDH no dijo ni nada? Hasta donde comentan, el otorgamiento de beneficios penitenciarios no era indispensable. Hubo un gran error firmado por Alejandro Toledo.
Este polémico Decreto consistía en dar libertad condicional a los acusados de terrorismo que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena, previo “análisis” de la condición del beneficiario (en este caso Berenson y próximamente Osmán Morote, Margot Liendo Gil y Maritza Garrido Lecca). Empero, el análisis y la palabra final la tiene el juez que debe justificar su decisión con los informes que recibe del INPE, ¿Pero acaso el INPE está en los pabellones? ¿Cómo pueden saber si aquella terrorista recuperó el juicio? El trabajo malo que hacen es harto conocido, y me parece que la jueza que evaluó la situación de Berenson no tomó en cuenta una serie de factores como los que hoy exponen varios analistas de nivel.
El Decreto Legislativo 927 fue creado en el 2003 por el gobierno de Alejandro Toledo, pero fue derogado recién en el 2009, después de que cerca de 500 personas se acogieran a los beneficios de dicho Decreto y consiguieran –en consecuencia –su libertad condicional (entre ellos, Lori Berenson). Sin embargo, uno se pregunta, ¿Por qué demoraron tanto en derogar dicho Decreto?
Algunos podrán decir que dicho Decreto fue creado porque el CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió un fallo en el se que pedía modificar la entonces legislación antiterrorista. No obstante, ¿Por qué cuando se anuló el DL 927 en el año 2009 la CIDH no dijo ni nada? Hasta donde comentan, el otorgamiento de beneficios penitenciarios no era indispensable. Hubo un gran error firmado por Alejandro Toledo.
Este polémico Decreto consistía en dar libertad condicional a los acusados de terrorismo que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena, previo “análisis” de la condición del beneficiario (en este caso Berenson y próximamente Osmán Morote, Margot Liendo Gil y Maritza Garrido Lecca). Empero, el análisis y la palabra final la tiene el juez que debe justificar su decisión con los informes que recibe del INPE, ¿Pero acaso el INPE está en los pabellones? ¿Cómo pueden saber si aquella terrorista recuperó el juicio? El trabajo malo que hacen es harto conocido, y me parece que la jueza que evaluó la situación de Berenson no tomó en cuenta una serie de factores como los que hoy exponen varios analistas de nivel.
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