El contrato de exportación de gas lo firmó Alejandro Toledo y no el actual gobierno. Alan García se liberó muy bien al decir lo siguiente: “No porque lo firmó Toledo voy a venir a decir que hay que derogar el acuerdo”.
El debate se da porque existe mucha incertidumbre sobre la real cantidad de gas que posee el país, y si ésta alcanzará para satisfacer la demanda interna y externa. En el caso de no poder cubrir la demanda interna, muchos sugieren anular la exportación y “priorizar” al mercado interno, es decir al peruano.
¿Cuáles serian las consecuencias de anular el contrato de exportación? Suponga mi estimado lector que usted está a punto de comprar una casa: Llegó a un acuerdo con el dueño del inmueble, adelantó la mitad del dinero (bajo vía legal y ante el notario) y sólo falta trasladar los muebles y demás artefactos para que usted se traslade a su nuevo hogar y, por supuesto, termine de cancelar la otra mitad del dinero acordado. En la puerta de su supuesta nueva casa encuentra al dueño y éste – con cara de pocos amigos –le dice que todo queda anulado y le devuelve el dinero (no sin antes cerrarle la puerta en la cara). ¿Qué haría usted? ¿Saltar de alegría? Seguramente muchos optarían por denunciar al sujeto y exigir que se haga justicia… además de crearle mala fama. Algo así sucede cuando un país no honra sus compromisos (contratos), ganándose un sinfín de juicios en cortes internacionales por parte de los agraviados y, a la vez, creándose mala fama a nivel internacional, lo cual se traducirá en menor inversión (recuerden que el proyecto gasífero requiere de sumas astronómicas de dinero que el Estado no tiene).
La firma Gaffney, Cline & Associates – a pedido de Pluspetrol (operador de los lotes de Camisea) – dio el año pasado un informe señalando que existe 13.8 TFC en el lote 88 y 3.6 TFC en el lote 56, lo que en suma da 17.4 TFC. Debido a que el gas no puede sacarse tal como está, y que al sacarlo habría que descontar algunas pérdidas, los informes de las consultoras descuentan entre el 25% o 35% (dependiendo del caso). Entonces, los 17.4 TFC que representan al 100%, se reducen –por el descuento de rigor que ya mencionamos – a 13 TFC (10.34 TFC en el lote 88 y 2.66 TFC en el lote 56). ¿Entonces? ¿Por qué todo mundo habla de 8 TFC? Lo que sucede es que de los 13 TFC, 8.7 ya están “comprometidos”, y el resto (mas o menos 4.3 TFC) queda ahí sin usarse. ¿Y por qué no se usa? Porque no existe la infraestructura adecuada y los trabajaos para ampliar el gasoducto aún no comienzan. En conclusión, más que un tema de abastecimiento es un tema de infraestructura. Amén de haber otras soluciones.
A continuación dejo la entrevista hecha a Jaime Pinto, experto en el tema:
El debate se da porque existe mucha incertidumbre sobre la real cantidad de gas que posee el país, y si ésta alcanzará para satisfacer la demanda interna y externa. En el caso de no poder cubrir la demanda interna, muchos sugieren anular la exportación y “priorizar” al mercado interno, es decir al peruano.
¿Cuáles serian las consecuencias de anular el contrato de exportación? Suponga mi estimado lector que usted está a punto de comprar una casa: Llegó a un acuerdo con el dueño del inmueble, adelantó la mitad del dinero (bajo vía legal y ante el notario) y sólo falta trasladar los muebles y demás artefactos para que usted se traslade a su nuevo hogar y, por supuesto, termine de cancelar la otra mitad del dinero acordado. En la puerta de su supuesta nueva casa encuentra al dueño y éste – con cara de pocos amigos –le dice que todo queda anulado y le devuelve el dinero (no sin antes cerrarle la puerta en la cara). ¿Qué haría usted? ¿Saltar de alegría? Seguramente muchos optarían por denunciar al sujeto y exigir que se haga justicia… además de crearle mala fama. Algo así sucede cuando un país no honra sus compromisos (contratos), ganándose un sinfín de juicios en cortes internacionales por parte de los agraviados y, a la vez, creándose mala fama a nivel internacional, lo cual se traducirá en menor inversión (recuerden que el proyecto gasífero requiere de sumas astronómicas de dinero que el Estado no tiene).
La firma Gaffney, Cline & Associates – a pedido de Pluspetrol (operador de los lotes de Camisea) – dio el año pasado un informe señalando que existe 13.8 TFC en el lote 88 y 3.6 TFC en el lote 56, lo que en suma da 17.4 TFC. Debido a que el gas no puede sacarse tal como está, y que al sacarlo habría que descontar algunas pérdidas, los informes de las consultoras descuentan entre el 25% o 35% (dependiendo del caso). Entonces, los 17.4 TFC que representan al 100%, se reducen –por el descuento de rigor que ya mencionamos – a 13 TFC (10.34 TFC en el lote 88 y 2.66 TFC en el lote 56). ¿Entonces? ¿Por qué todo mundo habla de 8 TFC? Lo que sucede es que de los 13 TFC, 8.7 ya están “comprometidos”, y el resto (mas o menos 4.3 TFC) queda ahí sin usarse. ¿Y por qué no se usa? Porque no existe la infraestructura adecuada y los trabajaos para ampliar el gasoducto aún no comienzan. En conclusión, más que un tema de abastecimiento es un tema de infraestructura. Amén de haber otras soluciones.
A continuación dejo la entrevista hecha a Jaime Pinto, experto en el tema:
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